Normas de funcionamiento del Canal Interno de Información

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, de protección de las personas alertadoras (whistleblowers) establece la obligación de disponer de canales de denuncia interna y externa para que el personal municipal o de empresas contratadas por el Ayuntamiento, así como ciudadanía en general, pueda informar de posibles infracciones del Derecho de la Unión cometidas en el marco de la actividad del Ayuntamiento. Asimismo, y de forma estrictamente vinculada a la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español, la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión de este plan, establece también la necesidad de disponer de un canal para vehicular dichas informaciones.

En este contexto, el Sistema de Integridad Institucional - Plan de Medidas Antifraude contempla, en el marco de las medidas de detección del ciclo antifraude, la creación de canales para informar de posibles infracciones del ordenamiento jurídico. Posteriormente, la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción estableció la obligatoriedad de disponer de un canal interno de información. Este canal debe permitir que las personas que tienen o han tenido una relación laboral o profesional puedan facilitar comunicaciones sobre cualquier acción u omisión que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea o constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

En fecha 14 de junio, mediante Decreto de Alcaldía núm. 6270/2023, se creó e implantó el Canal Interno de Información del cual debe aprobar-se el procedimiento con el rango normativo adecuado. A fin de hacer posible esta normativa, de acuerdo con el artículo 133 de la LPAC, se somete a consulta pública previa la elaboración de Normas de funcionamiento del Canal Interno de Información desde el 5 hasta el 25 de octubre de 2023, ambos incluidos, para recoger la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas que potencialmente puedan verse afectadas por la misma.

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