Modificació puntual del PGOU para la obtención de vivienda de protección oficial

El Plan de mandato 2019-2023 contiene la acción estratégica 133 que prevé la "Modificación del planeamiento para el establecimiento de reservas de VPO en suelo urbano consolidado."

De acuerdo con la Ley 18/2007 del Derecho a la vivienda de Cataluña, para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el territorio de Cataluña, los municipios incluidos en áreas declaradas por el Plan territorial sectorial de vivienda como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada deben disponer, en el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto al total de viviendas principales existentes.

En este sentido, el Plan Local de la Vivienda 2018-2023 estima en 538 el parque de vivienda pública y privada incluida en programas públicos, lo que supondría el 1,15% respecto al parque de vivienda principal del municipio. Si sumamos a este parque, el parque de vivienda privada de alquiler sujeta a prórroga forzosa y de las viviendas de alquiler social gestionadas por entidades financieras se puede considerar que el parque de vivienda destinado a políticas sociales en el municipio se sitúa en 3.591, lo que supone el 7,63% respecto al parque de vivienda principal y lejos todavía del objetivo del 15% que establece la ley.

Así pues, es necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbanística con el objetivo de contribuir a aumentar el parque de vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado, ayudando así a avanzar en la consecución del objetivo de solidaridad urbana; y favoreciendo, a la vez, una distribución repartida de la vivienda de protección oficial en el municipio.

Por este motivo, de acuerdo con el artículo 133 de la LPAC, se somete a consulta pública previa la elaboración de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística para la obtención de vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado desde el 2 junio hasta el 1 de julio de 2022, ambos incluidos, para recoger la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas que potencialmente puedan verse afectadas por la misma.

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